* Acuerdan procuradores del país, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

* La procuradora de Colima forma parte de la comisión negociadora

Junto con sus homólogos de los estados de Campeche, Durango, Guerrero, Sonora, Zacatecas y el Distrito Federal, la procuradora de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, acudirá tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a las comisiones legislativas competentes en la materia para buscar materializar la asignación de recursos que refuerce el combate al narcomenudeo en todo el país.

Lo anterior tras el acuerdo alcanzado en la pasada edición de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde además de designar esta comisión que impulsará el acercamiento con ambas instancias, también se emitió un exhorto al Congreso de la Unión para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de considerar la posible aprobación de una propuesta de Código Procesal Penal aplicable al modelo adversarial.

En el marco de este encuentro celebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los procuradores y fiscales de todo el país también tomaron el acuerdo de apoyar a la autoridad federal en presentar la totalidad de las denuncias que por falsificación de papell moneda se reciben en las entidades federativas, toda vez que se trata de un problema que en los últimos años se ha agudizado y que requiere de una atención especial.

De la misma manera y en cumplimiento al objetivo general de combatir con toda la fuerza e inteligencia la actividad delictiva, la asamblea plenaria de esta conferencia convino solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la adecuación de las bases de información incluidas en Plataforma México, a fin de habilitar nuevos campos de captura y consulta de datos de vehículos sin reporte de robo, relacionados con otros ilícitos como el secuestro, la extorsión, fraude y abuso de confianza.

Uno más de los acuerdos alcanzados en esta reunión tiene que ver con la denominada Alerta Amber, referente a la participación de las procuradurías de los estados en coordinación con PGR, para la creación de protocolos y puentes de comunicación entre los tres niveles de gobierno, los medios de comunicación, organizaciones civiles y la sociedad en general, que faciliten en el menor tiempo posible la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos.