25 de noviembre de 2013 18:05:00 horas

El pasado viernes, en reunión de trabajo para la organización conjunta de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, varias organizaciones de la sociedad civil analizaron el exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado que el Congreso local, en la sesión del jueves, aprobó por unanimidad.

Dicho exhorto busca impulsar las acciones que desde el 29 de noviembre de 2008 mandata la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, y garantizar así el debido y permanente funcionamiento del Sistema Estatal y su correspondiente Programa Integral.

Las organizaciones reunidas fueron el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la Asociación Colimense de Universitarias, Radar 4, el Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Colima, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, RDfine Colima, empresarias de AMMEEC-Colima y la asociación civil Mujeres y Periodismo.

La iniciativa, propuesta por la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, hace eco a la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres como un asunto de violación de derechos humanos, que comporta distintas formas de discriminación de género.

El exhorto exige que, de acuerdo con las competencias conferidas por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, se realicen acciones colegiadas con la confluencia de estrategias jurídicas, sociales, económicas, psicológicas y educativas, puestas en juego en el proceso de atención a la violencia intrafamiliar y de género.

Dicho exhorto, fue hecho al titular del ejecutivo estatal y a las secretarías General de Gobierno, de Desarrollo Social, Educación, Salud y Bienestar Social, de Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría de Justicia del Estado, al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, al Instituto Colimense de las Mujeres, al DIF estatal y municipales y al CEPAVI, principalmente.

Las analistas coincidieron en que, si bien el estado de Colima registra avances legislativos e institucionales en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, éstos no se no se han traducido en una solución integral que permita destrabar el nudo (familiar, escolar, comunitario) que estrangula y torna borrosa la perspectiva sobre la vida, el amor, la familia, la escuela y el disfrute pleno de los derechos humanos.

Citan, como prueba, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), que registra que en Colima el 50.3% de las 236 mil 484 mujeres de 15 años y más sufren algún tipo de violencia, por lo que la entidad ocupa el segundo lugar en violencia sexual, con el 11.1%, y el tercer lugar en dos tipos de violencia: la emocional, con un 45% de incidencia, y la económica, con el 27.2%, en tanto que en violencia física se ubica en séptimo lugar nacional, con el 20.8%.

En este contexto, los organismos de la sociedad civil y la academia, que trabajan en procesos de atención, derivación, investigación, administración y procuración de justicia en casos de violencia contra las mujeres, decidieron respaldar dicho Exhorto, toda vez que en un Estado de Derecho, dicen, “es posible la polifonía de la acción interinstitucional si existe voluntad y profesionalización permanente de sus agentes bajo estándares de competitividad y calidad basada en competencias, más allá de discursos, fotografías, posicionamientos, foros y conmemoraciones, que se engloban en lo que la voz popular define como lo políticamente correcto”.

El documento que el Congreso turnará al titular del Poder Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes, afirma que “hay disposiciones jurídicas en materia de derechos humanos de las mujeres que aún no se cumplen, o se observan deficitariamente, lo cual, en casos específicos, configuran una violencia más: la violencia institucional, incluso por omisión, que genera impunidad, aseguran las organizaciones civiles.

Por lo anterior, instan al Ejecutivo estatal “a asumir su corresponsabilidad en la permanencia del círculo de la violencia en el ámbito privado y social, mediante el proceso de coordinación interinstitucional que ordena el marco jurídico en la materia y eliminando los cuellos de botella donde se atora el avance de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a vivir una vida libre de violencia”.

La capacitación con perspectiva de género, afirman dichos organismos, “permitirá al conjunto de profesionales de las diversas instancias, desarrollar una capacidad de respuesta sistémica, articulada entre sí y a largo plazo, que evite la atomización de asuntos sin resolver y la violencia institucional hacia las mujeres que acuden a ellas en busca de justicia”.