En la Ciudad de México

*Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer el “Informe sobre política social en México 2014”, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

**Dicho documento remarcó que los derechos sociales requieren definiciones más claras, que la calidad de los servicios básicos no ha crecido igual que la cobertura, que debe haber mayor dispersión de los programas de Desarrollo Social y que existen retos en la institucionalización de la evaluación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede subregional en la Ciudad de México, tuvo como invitado al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, para dar a conocer el “Informe sobre política social en México 2014”, el cual reportó que el ingreso familiar ha estado reduciéndose desde 1992.

El evento fue realizado en las oficinas de la CEPAL y estuvo encabezado por el director del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hugo Eduardo Beteta.

El CONEVAL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, para mejorar la toma de decisiones en la materia, tanto en el gobierno federal como en los estatales.

Hernández Licona, al hacer uso de la palabra, informó que el CONEVAL realiza este estudio cada dos años para hacer un “corte de caja” de lo que ha analizado y percibido, tanto en su área de evaluación como en la medición de la pobreza.

El informe incluyó temas como nutrición en menores de cinco años, afiliación, carencias y acceso a servicios de salud; obesidad infantil, rezago educativo, mortalidad materna, ingreso mensual per cápita, ingreso laboral per cápita y deflactado; evaluación del salario mínimo, comparación del salario mínimo de México con otros cinco países, el Producto Interno Bruto, desigualdad social y pobreza extrema, entre otros.

Indicó que el estudio arrojó lo siguiente: 1) que los derechos sociales requieren definiciones más claras; 2) que el ingreso familiar es muy bajo y que viene reduciéndose desde 1992; 3) que la calidad de los servicios básicos no ha crecido igual que la cobertura; 4) que debe haber mayor dispersión de los programas de Desarrollo Social y 5) que existen retos en la institucionalización de la evaluación.

Como conclusión, dijo que las decisiones de los programas sociales aplicados en el país en las cámaras de diputados y senadores, “son un tema casi cien por ciento político, donde los presupuestos salen votados, casi al cien por ciento, de acuerdo a los intereses de los gobernantes federales y estatales”.

Finalmente, dijo que el reto de todos los organismos evaluadores consiste en incidir en las decisiones de las políticas públicas.

La Universidad de Colima estuvo representada en dicho evento por el director operativo de la dependencia universitaria en el Distrito Federal, Eduardo Hernández Hernández, quien asistió en nombre del rector José Eduardo Hernández Nava.